Bolivia cobra unos impuestos y viola acuerdos con Chile.

 

 

Todo parecía que con el Tratado de límites de 1874 las relaciones entra ambos países entrarían en una nueva etapa de armonía, sin embargo esto no sería así y pronto Bolivia violaría los acuerdos con Chile.

Con fechas 2 de septiembre de 1868 y 13 de septiembre de 1870, el gobierno de Mariano Melgarejo concedió a José Santos Ossa "el derecho exclusivo para explotar y exportar ilimitadamente todas las salitreras descubiertas o por descubrirse en el territorio del departamento del Litoral; lo autorizó, además, para "implantar en él las líneas férreas que tuviese por conveniente". Derrocado Melgarejo, por decreto de 9 de agosto de 1871 Bolivia declaró nulas las concesiones, adjudicaciones y ventas realizadas por el citado mandatario, resolución que comprendía la concesión de que era beneficiario Ossa. Frente a esta emergencia, la Casa Melbourne, Clark y Cía., formada por capitales chilenos y norteamericanos y que había subrogado en sus derechos Ossa, constituyó un agente en La Paz, Domingo Arteaga Alemparte, cuya negociación culminó con la resolución suprema de 30 de abril de 1872 por la cual se redujo la concesión a 15 años y le señaló quince leguas de pampa salitral en Salinas y Salar del Carmen.

Al no satisfacer la resolución boliviana a la citada compañía y habiéndose intertanto transformado en la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, envió a Sucre a Belisario Peró como agente, quien terminó su cometido con la Transacción de 27 de noviembre de 1873 por el presidente Ballivián. Esta concedía a la empresa chilena 50 estacas de salitre por el término de 15 años contra el pago de 2 mil pesos bolivianos anuales de patente, autorizándola para construir un ferrocarril particular, La eximía, además, de toda clase de impuestos.

Esta transacción daría origen a un grave problema en efecto el Tratado de Límites de 6 de agosto de 1874 establecía en su artículo 4°: "Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales explotados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones, de cualquier clase que sean, que a las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de veinticinco años".

Pese a tan claro texto, la Asamblea Legislativa boliviana de 1878, reunida en Sucre cinco años después de la transacción en referencia, aprobó, el 14 de febrero de ese año, una ley que en su artículo único establecía: "Se aprueba la transacción celebrada por el Ejecutivo en 27 de noviembre de 1873, con el apoderado de la Compañía Anónima y de Ferrocarril de Antofagasta, a condición de hacer efectivo, como mínimum, un impuesto de diez centavos en quintal de salitre exportado". Se notificó de los alcances de esta ley a Jorge Hicks, gerente de la compañía.

Los asambleístas bolivianos de 1878 olvidaban que los autores de la transacción, Ballivián y Baptista, con fecha 29 de noviembre de 1873 habían reducido a escritura pública el acuerdo que, por demás, se encontraba en plena vigencia. ¿Cómo explicar este procedimiento, contrario a todo principio de derecho, por el cual un acuerdo en cumplimiento se supeditaba a una condición puesta cinco años después? La explicación se encuentra en la naturaleza misma de los órganos legislativos de Bolivia y en la gestación de sus gobiernos que hacía anular cada acto del Gobierno anterior por el posterior. El autor boliviano Miguel Mercado llega a señalar: " ... Daza, el Ministro de la guerra y a la vez del batallón Colorados, se encaramó en el poder. Entonces se reunió la convención de 1877 convocada por el rapaz y díscolo soldado para constitucionalizar su asalto. Y fue esta asamblea la que revisó la transacción de 1873 y la aprobó con fecha 14 de febrero de 1878".

El gobierno de La Moneda vio en la dictación de la ley de 14 de febrero una infracción grave al recién signado Tratado de 1874, instruyendo al Encargado en Bolivia, don Pedro Nolasco Videla, para que iniciara gestiones en La Paz tendientes a lograr la suspensión indefinida de la ley objetada, tras la cual se veía probable el término de la concesión. Luego ante la recomendación del gobierno chileno de tratar esta materia por escrito, el representante chileno insistió en el predicamento de La Moneda por nota de 2 de julio de 1878 que no mereció respuesta boliviana, lo que dio pie a una enérgica nota chilena en la que se reclamaba: "...la suspensión definitiva de toda contribución posterior a la vigencia del Tratado. La negativa del gobierno de Bolivia a una exigencia tan justa como demostrada, colocará al mío en el caso de declarar nulo el Tratado de Límites que nos liga con ese país y las consecuencias de esta declaración dolorosa, pero absolutamente justificada y necesaria, serían de la exclusiva responsabilidad de la parte que hubiere dejado de dar cumplimiento a lo pactado".

El gobierno del general Hilarión Daza respondió el 13 de diciembre de 1878, negándose a suspender la ley en cuestión argumentando que la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta era una sociedad anónima, no considerándose chilena ni representativa de capitales exclusivamente chilenos.

Al contrario, estaría obligada, en su calidad de sociedad anónima y conforme a las prácticas de Derecho Internacional Privado, a regirse por las leyes de su domicilio, es decir, por las leyes bolivianas. Ahora, si la citada sociedad creía ver amagados sus justos derechos, tenía francos todos los recursos legales para interponer su demanda. Finalmente el gobierno de La Paz juzgaba que razones de justicia y de decoro nacional le imponían la obligación de no acceder a la suspensión solicitada por el gobierno de Chile. Cuatro días después de esta nota, el 17 de diciembre de 1878, ordenó al Prefecto de Cobija llevar a efecto el cobro de la contribución que se había hecho exigible desde el día 14 de febrero hasta esa fecha. El funcionario boliviano inició el juicio ejecutivo correspondiente en contra de la sociedad. El 28 de diciembre, el gobierno boliviano invocaba el arbitraje convenido en el protocolo complementario del Tratado de 1874.
El Encargado de Negocios chileno, Videla, obedeciendo instrucciones del Canciller chileno Alejandro Fierro, también propuso y aceptó el arbitraje bajo la condición de que previamente se suspendiera la ley de 14 de febrero de 1878.

 

La Guerra del Pacifico ”Gloriosos Batallones de Atacama” Héroes por Siempre. www.batallonesdeatacama.org Por Felipe Varas Erazo.